SALTA

Gobierno del silencio

Muertes por desnutrición infantil: Sáenz no responde y la defensora nacional pidió intervención de la corte Interamericana

La Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes ya hizo dos presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de repuesta por parte del Gobierno provincial.

Muertes por desnutrición infantil: Sáenz no responde y la defensora nacional pidió intervención de la corte Interamericana

Las muertes por desnutrición infantil siguen creciendo de manera alarmante en la provincia de Salta, bajo la mirada indiferente del Gobierno provincial, que destina cuantiosas sumas con enfoque a la reelección y favorece al amiguismo que lo acompaña en la contienda electoral para el 2023.

La situación es preocupante a tal punto que Salta es noticia en los medios nacionales y la Defensora Nacional de Niños Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Segundo Informe de la Situación de los Derechos de Niñas y Niños de Pueblos Indígenas del Chaco Salteño. Ya había hecho presentaciones ante la Justicia y el Ejecutivo de Salta, pero como es costumbre, la actual gestión decidió mirar para el costado, una vez más, ante un problema que necesita atención de manera urgente.


En una nota publicada en el medio Clarín, Graham detalla el flagelo del norte provincial: “Venimos trabajando desde hace dos años y medio por la mortalidad en las comunidades de Salta, y parecería que por momentos el gobierno local no logra articular con sus distintas áreas las acciones para llegar a todas las comunidades y evitar las muertes".


Por otro lado, la defensora adjudicó la situación apremiante a la falta de trabajo articulado por parte de los organismos del Gobierno provincial, tanto como el ministerio de Salud y Desarrollo Social y dijo que no se hacen los recorridos periódicos por las comunidades controlando peso y talla de los niños originarios en forma de prevención y detección temprana del padecimiento.


"Nuestro rol como Defensoría no sólo es dar opiniones, sino que tenemos que exigir que se cumplan los derechos", asegura Graham, acción que no garantiza el estado provincial. Y agrega: "También se debe resolver el gran problema de base que es la discriminación”.


Asimismo, destacó un problema, no menor, que atraviesan las comunidades que refiere a la falta de agua que acarrea consecuencias desbastadoras que se cobra visas y que el Gobierno no tiene intenciones de resolver.


Desde la asunción del mandatario provincial, Gustavo Sáenz, hace dos años y medio que tres departamentos del norte de la provincia de Salta están en emergencia socio sanitaria por la cantidad de muertes de niñas y niños de pueblos indígenas, por causas vinculadas a la desnutrición. El estado de riesgo nutricional en el que está la población infantil de estas comunidades y la grave situación estructural es una falta declarada por el propio Gobierno de la provincia, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 140/2020 del 29 de enero de 2020, y que sin embargo sigue estancada en plano burocrático y descansa en un rincón como si la vida en las comunidades no sería una prioridad en la agenda de la actual gestión.


 “Resulta profundamente preocupante la vulneración del derecho a la vida y los obstáculos para el acceso a derechos elementales, tales como al agua, a la salud, la alimentación, la identidad, la información y la participación y especial protección de la que son titulares niñas, niños y adolescentes", dice un informe de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. 


Entre las medidas impulsadas se hizo un diagnóstico de la vulneración de los derechos humanos de niñas y niños de pueblos indígenas de la región. También la gestión de casos individuales y colectivos. Se organizaron y gestionaron operativos de documentación y acceso a derechos de protección social. Y se hicieron pedidos de Informe a distintos ministerios provinciales, donde las repuesta no fueron buenas y por eso en noviembre de 2021 la Defensoría interpuso una acción de amparo colectivo, en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas de los departamentos en emergencia sociodemográfica "para garantizar sus derechos a la protección especial, el derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua potable, al acceso a la justicia.


A su vez, en el amparo se solicitó cautelarmente: "a) medidas para garantizar provisión oportuna, eficiente y adecuada de suficiente de agua segura; b) la asistencia oportuna y eficaz para niñas, niños con alguna posible afección de salud a través de medios terrestres y aéreos y el acceso a medios de telecomunicación para situaciones de emergencia; c) la accesibilidad y el tránsito adecuado de los caminos que permitan la distribución de agua y la atención de salud, A hoy, la medida cautelar no fue cumplida.


Paralelamente a las acciones ante la justicia y el ejecutivo salteño, la Defensora presentó dos Informes sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Comunidades Indígenas del Chaco Salteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


El primer informe se presentó en mayo de 2020. El segundo es de julio, por la muerte de, al menos, siete niñas y niños del pueblo Wichi entre mayo y junio de 2022. Las Relatorías de Niñez, de Pueblos Indígenas y de País de la CIDH realizarán un seguimiento de la situación de las infancias de las comunidades indígenas.

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